LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA COMO GARANTÍA DEL BIEN COMÚN

Cualquier modelo de desarrollo económico debe plantear la armonización del crecimiento económico con la integridad ambiental. En este sentido los sectores industriales deben considerar como un elemento más de su ciclo productivo la preservación y, en su caso, restauración ambiental y todo ello en un ámbito de transparencia donde la información y participación ciudadana se convierte, también, en un instrumento de gestión y de posicionamiento público.

La histórica Directiva IPPC se configuró en su momento como un instrumento innovador en el tejido industrial (Mejoras Técnicas Disponibles, MTD, …) ligado a la calidad del entorno (Valores Límite de Emisión, VLE, …) al mismo tiempo de intentar integrar procesos diversos en la, entonces “ventanilla única” (Autorización Ambiental Integrada). Sin pecar de pesimista sí se debe plantear que en todos estos años las AAI no han cumplido su función. Los VLE no han cambiado los escenarios legales ni las MTD han modificado los esquemas productivos. Los Promotores industriales objeto de la norma, se quejan (y en múltiples ocasiones con razón) de retrasos administrativos a la hora de otorgar los permisos, si bien es cierto que, también ellos hacen en muchos casos caso omiso de la necesidad de documentar de la mejor manera posible sus actuaciones, sus previsiones, sus efectos y riesgos añadidos.

Es lícito plantear una racionalización de los procesos regulatorios, pero que esto no debe significar ni merma de la capacidad preventiva a nivel ambiental ni el hurto a la ciudadanía de la información necesaria. La mejora continua de procesos (con el medio ambiente como acicate e indicador) con medidas de autocontrol; la corresponsabilidad entre regulador y regulado, y un claro escenario de técnicos independientes ayudando en el proceso, son los elementos de un futuro que no es utópico, que ya se da en otros países europeos que entienden sin tapujos que el medio ambiente es un bien común y público. Por ello los procesos de autorización e inspección deben velar por el mantenimiento de la calidad ambiental y por tanto de nuestra calidad de vida.

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